Protección de los derechos y medios de vida de las mujeres migrantes en Bolivia

Alejandra Mónica Quijua Tintaya es una boliviana de 34 años que empaca frutas en Santiago de Chile. Ella, junto con otros trabajadores migrantes, perdió su trabajo a medida que aumentaban los casos de COVID-19 en América Latina. Su viaje de regreso a Bolivia ilustra el aumento de las dificultades que enfrentan los trabajadores migrantes durante la pandemia mundial, pero también la importancia de los grupos liderados por mujeres para proteger sus derechos.

Durante una entrevista con ONU Mujeres (reproducida en las siguientes líneas), destacó las necesidades económicas y las prioridades de las mujeres migrantes, incluido garantizar un salario mínimo para las madres solteras que han perdido sus trabajos, y la inversión en mujeres indígenas, mujeres con discapacidad y mujeres afrodescendientes de Bolivia, quienes están entre los más vulnerables.

Salí de Bolivia con mi hermana menor para buscar trabajo en Santiago de Chile. Rápidamente encontramos trabajo empacando fruta en cajas con otras mujeres migrantes de Cuba, Haití, Colombia y Venezuela. Pero en marzo, dos meses después de nuestra llegada, todos fueron despedidos y se les pidió que regresaran a sus países debido al aumento de casos de COVID-19.

Ese fue el comienzo de una pesadilla de 25 días.

Estuvimos en la carretera por dos días. Cuando llegamos a la frontera no nos dejaron entrar porque en ese momento Bolivia había cerrado sus fronteras para evitar la propagación del virus. Entonces, durante diez días, yo, junto con otras 500 personas, viví en las calles de la Municipalidad de Huara ("Wara" en idioma aymara significa "estrella") en Chile. Dentro del grupo de migrantes había mujeres, niños, personas con discapacidad y personas mayores.

Decidimos organizarnos para poder volver a nuestros países e iniciamos una [campaña] de comunicación en las redes sociales, en los medios. Nos comunicamos con la Asamblea de Derechos Humanos y con las Naciones Unidas. Finalmente, tras 10 días, el gobierno nos permitió ingresar a Bolivia, donde nos pusieron en cuarentena por 14 días en el Campamento Tata Santiago, en el sector de Pisiga.

El campamento estaba superpoblado, no había suficiente comida y hacía frío. Los niños lloraban de hambre; las mujeres embarazadas estaban en riesgo de abortos debido a la mala alimentación.

Luego, un equipo de Naciones Unidas (ACNUDH, PMA, ONU Mujeres, OIM) trajo alimentos, kits de higiene personal, mantas, medicinas, agua embotellada y juegos para los niños. Nos brindaron asesoría técnica y donaciones que nos salvaron la vida.

Con el apoyo de ONU Mujeres, nosotras [las mujeres] nos organizamos y formamos un Comité para proteger a todos los miembros del campamento, incluso contando con un equipo para la prevención y denuncia de la violencia contra mujeres y niños. En los campamentos, en general, no se priorizaron las necesidades de las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las mujeres embarazadas. Por eso la presencia de mujeres en el Comité fue fundamental, garantizamos el bienestar de los más vulnerables.

Las mujeres se convierten en migrantes porque no pueden encontrar trabajo en sus países, por lo que los gobiernos deberían pensar en su reintegración económica. Necesitan asegurarse de que las mujeres reciban el mismo salario que los hombres y que se respeten sus derechos laborales.

Para obtener más información sobre la recuperación económica con perspectiva de género ante la COVID-19, consulte los nuevos informes de políticas de ONU Mujeres.

Este material se divulgó originalmente en inglés, como parte de una entrevista titulada "From where I stand" ("Desde mi punto de vista", en español) con ONU Mujeres, la cual se publicó el 7 de agosto de 2020 en el sitio web de la agencia.