Las Naciones Unidas están profundamente preocupadas por el agravamiento de la crisis humanitaria y la escalada de violencia que obliga a miles de personas a huir en la provincia de Cabo Delgado
Declaración conjunta sobre Mozambique de los directores regionales de las Naciones Unidas para África meridional y oriental
El conflicto creciente y el deterioro de la situación humanitaria en Cabo Delgado han dejado comunidades totalmente dependientes de la ayuda humanitaria. Según el Gobierno, los ataques de grupos armados han obligado a más de 565.000 personas a huir de sus hogares y pueblos, abandonando sus plantaciones y medios de vida.
En diciembre pasado, directores regionales de las Naciones Unidas para África Meridional y Oriental visitaron Mozambique para evaluar la situación y las necesidades de las poblaciones desplazadas, así como comunidades de acogida en el norte de la provincia de Cabo Delgado, y se reunieron con representantes gubernamentales en Maputo.
Expresaron su profunda preocupación por la situación humanitaria que se desarrolla en Cabo Delgado, donde el conflicto y la violencia han expuesto a las personas a violaciones de derechos humanos y las han dejado con acceso muy limitado a la alimentación y los medios de vida. Creciente inseguridad e infraestructura deficiente hizo más difícil llegar a las personas necesitadas y, con la pandemia de COVID-19, la crisis se ha vuelto aún más compleja.
La misión conjunta con directores regionales de la FAO, el FIDA, la OIM, el UNFPA, ACNUR y el PMA, así como con personal gerencial del Centro de Resiliencia del PNUD y miembros del equipo de las Naciones Unidas en el país, permitió a los participantes presenciar de primera mano el impacto de la violencia continua en Cabo Delgado y mostrar su apoyo a las comunidades afectadas y al pueblo mozambiqueño.
Escucharon informes profundamente conmovedores sobre hombres, mujeres y niños desplazados en la ciudad de Pemba, capital de Cabo Delgado, y en los distritos de Ancuabe y Chiúre, cuyas vidas se vieron afectadas por el conflicto e inseguridad. También se reunieron con las comunidades que acogen a desplazados, visitaron las áreas de reasentamiento previstas y sostuvieron conversaciones con el gobernador provincial y el Secretario de Estado, así como con líderes religiosos y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
La crisis en el norte del país es una compleja situación de seguridad, de derechos humanos, humanitaria y de desarrollo; enfatizando así el imperativo de continuar brindando asistencia para salvar vidas, mientras la construcción de resiliencia a largo plazo liderada por el gobierno recibe apoyo colectivo.
Al reconocer que se ha hecho mucho para ayudar a las víctimas de la crisis, directores regionales destacaron que, con el aumento diario de los desplazamientos, la falta de alimentos adecuados, agua, saneamiento, refugio, salud, protección y educación, exacerba una situación ya crítica – que se ve agravada por la inminente temporada de lluvias en un país particularmente propenso a choques climáticos extremos, como los ciclones Idai y Kenneth ilustraron de manera devastadora en 2019. Más recientemente, la tormenta tropical Chalane, que afectó a las mismas poblaciones durante el pasado diciembre, como lo hizo el ciclón Idai hace menos de dos hace años, fue un duro recordatorio de la amenaza climática que enfrentan los/las mozambiqueños/as, y de la urgencia de incrementar masivamente las inversiones en recuperación y resiliencia.
Dado que COVID-19 mantiene cerradas la mayoría de las escuelas, la importancia de una sólida inversión en educación para robustecer el capital social y humano de Mozambique es una preocupación creciente.
Existe una necesidad urgente de ampliar los programas de protección, salud, alimentación y nutrición para niños/as y mujeres vulnerables, así como las intervenciones de vacunación e inmunización y el asesoramiento psicosocial, y de trabajar para permitir que las familias agrícolas y pesqueras desplazadas restablezcan medios de vida sostenibles. Directores regionales pidieron apoyo para el reasentamiento adecuado de las familias desarraigadas, lo que agota los recursos ya limitados de las comunidades de acogida empobrecidas y frena los esfuerzos del gobierno para registrar y ayudar a los desplazados de manera efectiva.
Señalaron que se requieren inversiones urgentes en desarrollo y fortalecimiento de la resiliencia no solo para promover los derechos humanos y la justicia social, sino también para limitar el impacto de las crisis actuales y ayudar a prevenir las futuras. Para frenar el extremismo violento, pidieron que las iniciativas de desarrollo tengan un enfoque transnacional y prioricen el empoderamiento económico y la inclusión social y política de mujeres y jóvenes. Instaron al Gobierno de Mozambique y a la comunidad internacional a intensificar los esfuerzos para poner fin a todas las formas de violencia en el país, incluida la violencia de género y el matrimonio infantil, y a invertir más en las mujeres y las niñas como agentes de progreso y cambio.
Directores regionales expresaron su gratitud al gobierno por su papel de ayudar a satisfacer las necesidades humanitarias de las personas en el norte del país y reafirmaron el compromiso de las Naciones Unidas de defender los derechos humanos y promover la paz y el desarrollo sostenible para todos los/las mozambiqueños/as.
Para conocer más sobre el trabajo que se desarrolla en el país, visite: https://mozambique.un.org/.